ELECCIONES CALVIÀ 2.011
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Programa Electoral

Programa Electoral Municipal de Calvià. Elecciones de mayo de 2011
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UPyD acomete en su programa electoral profundas reformas políticas con objeto de dar respuesta a los vicios que hasta ahora ha sido el modus operandi habitual de los ayuntamientos. 

 

Una financiación justa 

 

UPyD propone cambiar la Ley de Bases de Régimen Local para delimitar exactamente cuáles son las competencias municipales, para que cada atribución vaya acompañada de su previsión financiera correspondiente. Para ello tiene que abordarse también la reforma del sistema de financiación local para que se transfiera en base a la población un mínimo suficiente para ejecutar las competencias mínimas fijadas por ley. Los 

ayuntamientos tendrán así más recursos que los actuales en detrimento de la comunidad autónoma.  

 

En cuanto a política fiscal, UPyD prefiere la tasa discriminada por la prestación de un servicio al impuesto indiscriminado. Asimismo, se intentará ahorrar en el gasto corriente o generar nuevos ingresos antes que subir ningún impuesto. 

 

Medidas contra la corrupción 

 

Las medidas contra la corrupción contemplan mayor transparencia, más y mejores controles internos, potenciar el papel de los funcionarios de habilitación nacional y mejorar el régimen de incompatibilidades. 

 

Transparencia 

 

UPyD entiende que el único tope para que el ciudadano pueda acceder a toda la documentación pública es la seguridad y la defensa del Estado, así como la intimidad personal. Así, se obligará a rendir las cuentas anuales a la Sindicatura de Cuentas, incluyendo los consorcios donde la participación del ayuntamiento sea superior del 50% o sea éste el socio mayoritario. Se obligará a hacer públicas la relación de puestos de trabajo del personal eventual tanto de la Administración local como de sus empresas 

públicas. Se obligará a publicar todas las subvenciones otorgadas,incluyendo las inferiores a 3.000 euros. Se obligará a publicar todos los estudios externos y todos los convenios con empresas privadas. 

 

Funcionarios de habilitación nacional 

 

UPyD reforzará el papel de los informes –como las advertencias de ilegalidad- de lo que antes se llamaban funcionarios de habilitación nacional (interventores, secretarios y tesoreros). A la hora de ocupar la plaza de destino, se adjudicará por el concurso de méritos y no por libre designación. Se volverá al sistema de intervención previa (antes de realizar el gasto).

 

Controles internos 

 

Se fortalecerá la Inspección de Servicios e Intervención. Además UPyD propone modificar la ley 4/2004 de la Sindicatura de Cuentas para reforzar el papel de los síndicos:  

a) su función no sólo será consultiva sino que tendrán poder sancionador y capacidad para emprender acciones judiciales si hallan indicios de delito 

b) darles más independencia en relación a los partidos políticos 

c) se obligará a los alcaldes a entregar las cuentas so pena de que puedan ser sancionados con no recibir ayudas de la comunidad autónoma o de los consells insulares  

 

UPyD propone reformar la función pública para que se valore a los empleados públicos según su productividad y se sustituyan los cargos de libre designación por funcionarios de carrera. 

 

Incompatibilidades 

 

Se creará un registro de “actividades profesionales coincidentes” entre el político (o cónyuge) y sus actividades profesionales y participaciones en empresas si éstas coinciden con la actividad a gestionar. Se aplicará la normativa a los altos cargos del Estado y la comunidad autónoma a los ayuntamientos. Los concejales y alcaldes no podrán trabajar durante los dos siguientes años después de su cese en empresas que fueron contratadas durante su periodo de mandato. 

 

 

Contra el derroche 

 

Además de la reducción drástica de empresas públicas superfluas, asesores, altos cargos de libre designación o cursos de formación de dudosa necesidad, UPyD propone las siguientes medidas. 

 

Empresas públicas 

 

Para las empresas públicas se nombrarán gerentes a profesionales, no políticos electos, que se responsabilicen del equilibrio presupuestario y respondan de los servicios prestados. 

 

Subvenciones 

 

Se limitarán las subvenciones a aquellas asociaciones que demuestren autonomía financiera por sus propios medios de modo que las ayudas totales recibidas no sobrepasen el 50% de su presupuesto ordinario. 

 

Contratación 

 

UPyD propone cambiar la ley de contratos para rebajar la cuantía de los contratos menores de 18.000€ a 6.000€ (de servicio) y de 50.000€ a 15.000€ si son de obra. Será obligatorio también para los negociados sin publicidad el “Perfil de Contratante”. Se potenciarán las nuevas tecnologías para agilizar los trámites de licitación. 

 

 

 

UPyD (Unión, Progreso y Democracia) se presentará por primera vez a las elecciones municipales.

 

Un partido transversal UPyD se considera un partido transversal. ¿Transversal? Transversal significa que no creemos en la política bipolar que enfoca la realidad y los problemas desde el punto de vista de las derechas o de las izquierdas, como si ser “de derechas” o “de izquierdas” 

significase estar de acuerdo con toda una serie de premisas que no se pueden discutir, como si fuesen bloques monolíticos. UPyD huye de este sectarismo que considera pasado de moda y se posiciona en función de cada propuesta en particular sin importarle quien la defiende. A veces estaremos de acuerdo con el PSOE, a veces con el PP y alguna vez con los nacionalistas mientras no sean cuestiones que afecten al modelo territorial del Estado.  

 

UPyD es un partido nacional que se presenta como una alternativa a los dos grandes partidos, los máximos responsables del nivel de degradación en el que ha caído la vida política en España. Ninguno de los partidos tradicionales están interesados en poner en peligro su control egoísta de las instituciones, desde las cajas de ahorros hasta los medios de comunicación públicos. UPyD quiere devolver a los ciudadanos el control de la política y eso pasa por construir una sociedad civil con ciudadanos más conscientes y responsables que se acostumbren a pedir responsabilidades a los políticos. 

 

Evidentemente todo eso hace que nos peguen bofetadas desde todos los lados. Los de izquierdas dicen que UPyD es de derechas (e incluso de ultraderecha) y los de derechas dicen que UPyD es de izquierdas. Estas acusaciones tienen el objetivo de que sus votantes respectivos no hagan caso a nuestras propuestas. Pero eso forma parte del ruido de la batalla política que suele consistir en distorsionar (y silenciar) el mensaje del adversario. 

 

Reforma de la Constitución 

La crisis española no solo es económica, también es política. UPyD cree que esta crisis no se resolverá sin reformas profundas. Uno de los principales ejes de UPyD ha sido la Reforma de la Constitución que contemple educación (no tiene ningún sentido tener diecisiete planes educativos distintos) y sanidad (todos los españoles tienen derecho 

a los mismos servicios sanitarios) como competencias exclusivas del estado. 

 

Queremos cambiar la constitución para que se cierre de una vez el mercado persa en que se han convertido los inacabables traspasos de competencias a las autonomías. Por eso proponemos que todas las comunidades tengan las mismas competencias y el 

mismo financiamiento, aunque eso signifique la desaparición de los derechos históricos de determinadas regiones como el País Vasco y Navarra. Somos el único partido que se opone al Concierto Económico de Vascos y Navarros. El Estado de las Autonomías es ahora mismo un obstáculo para la libre circulación de trabajadores, empresas y profesionales hasta el punto de haberse roto el mercado único español. 

Mientras el mundo camina hacia la globalización en España volvemos a la Edad Media poniendo fronteras entre españoles. UPyD quiere corregir todo eso. 

 

Proponemos también reforzar la autonomía del poder judicial tan ligado al poder ejecutivo así como cambiar la ley electoral para que cada voto de un español valga lo mismo en términos de representación parlamentaria.

A día de hoy el sistema electoral favorece al PP, el PSOE y los partidos nacionalistas mayoritarios como CIU y PNV. 

 

UPyD propone listas abiertas y un tiempo limitado para los políticos en el ejercicio de su cargo, con el fin de que la política sea un compromiso y no una profesión, que es en lo que se ha acabado convirtiendo. Exigimos el cumplimiento de la Constitución que prohíbe la discriminación por motivos de lengua y el derecho a escolarizar a los niños en su lengua materna. Las lenguas no tienen derechos ni tampoco son discriminadas porque todo el mundo hace el uso que quiere de ellas. Son los ciudadanos lo que tienen 

derechos y quienes son discriminados por las políticas de normalización lingüística. 

 

UPyD eliminará estos programas de normalización.  

Sistema educativo 

La educación es vital en España porque una buena educación es la mejor garantía para la igualdad de oportunidades y la movilidad social, así como para mejorar la competitividad y el crecimiento económico de nuestro país. Si la situación de la educación española es preocupante, mucho más lo es la de nuestra comunidad autónoma, como los informes PISA de 2009 han puesto de manifiesto. Es indispensable superar modelos pedagógicos fracasados (como la LOGSE y la LOE) y garantizar una educación pública y laica para todo el mundo, basada en el mérito, la capacidad y la transmisión de conocimientos. 

 

Política municipal 

En el ámbito municipal UPyD propone modificar la Ley de Bases de Régimen Local para que cualquier competencia transferida vaya acompañada de su correspondiente previsión económica, no como ahora que los ayuntamientos se apropian o les endosan competencias sin presupuesto, lo que ha provocado dificultades para pagar las nóminas 

y las facturas a sus proveedores, algunos de los cuales se han visto obligados a cerrar  sus empresas. UPyD propone delimitar cuales son las competencias municipales y dotarlas del financiamiento que necesiten a costa de los presupuestos de la Comunidad Autónoma y del Consell Insular de Mallorca.  

 

Proponemos también que los políticos locales tenga mucho más en cuenta los informes del Secretario, el Interventor y el Tesorero a la hora de decidir, por eso somos partidarios de que estos cuerpos de funcionarios recuperen el carácter de cuerpo nacional. De esta manera dependerían jerarquicamente del Esto y no de los Alcaldes a los que, recordamos, tienen la obligación de controlar.